La financiación de la universidad

En Economía Pública utilizamos la expresión “equidad categórica” para referirnos a la decisión que ha tomado la sociedad acerca de la necesidad de que todos los ciudadanos puedan/deban consumir un nivel mínimo de determinados servicios. En esta línea, el sector público financia, en todos los países desarrollados, al menos una parte de la educación primaria y secundaria. Se considera que el consumo de estos servicios no sólo es útil para sus usuarios, sino que también reporta beneficios a la sociedad: estabilidad social y política, cohesión, mayor productividad, etc.
El objetivo de equidad basado en la “igualdad de oportunidades” tiene implicaciones distintas que la equidad categórica. La idea ya no es garantizar que todo el mundo consuma el servicio, sino garantizar la posibilidad de que todo aquel que lo desee, pueda hacerlo con independencia de su nivel de renta. La provisión pública de educación universitaria probablemente encaje mejor en este último concepto de equidad, porque los beneficios sociales de su consumo son proporcionalmente menores que en el caso de la educación primaria y secundaria, y esta circunstancia tiene a mi juicio implicaciones importantes para el diseño del sistema de financiación universitaria.
En las últimas décadas, las fuentes principales de financiación de la universidad pública española han sido las transferencias procedentes de las Comunidades Autónomas y/o del Ministerio de Educación y, en menor medida, las mal llamadas tasas universitarias, que encajan mejor en el concepto de precios públicos pagados por los alumnos matriculados. Estas tasas constituyen, de media, en torno a un 10% del coste del servicio consumido por el alumno, de tal modo que las familias asumen sólo una pequeña parte del mismo.
¿De dónde proceden los recursos de las transferencias que las Comunidades Autónomas destinan a las universidades? Naturalmente, de los impuestos pagados por el conjunto de los contribuyentes. En este contexto, si tenemos en cuenta que todos –tanto los de mayor como los de menor nivel de renta- participan en la financiación de la universidad y que, por el contrario, son mayoritariamente los miembros de familias de renta media y media-alta los que más utilizan el servicio (terminar una carrera universitaria es aproximadamente seis veces más probable si tu padre tiene estudios superiores que si sólo tiene estudios primarios), se echa de menos en el debate público alguna referencia a la posibilidad de modificar el sistema de financiación universitaria.
Con usuarios de renta media o media-alta y contribuyentes de cualquier nivel de renta, lo más probable es que la financiación de la universidad española tenga efectos regresivos. Teniendo en cuenta que, además, los usuarios de hoy tendrán mayores sueldos mañana, es altamente posible que se esté provocando una redistribución de los recursos favorable a los hogares de mayor renta. En este sentido, me parece que al menos debería discutirse la idea de que los usuarios asumieran un porcentaje mayor del coste del servicio, puesto que serán precisamente ellos los que se beneficiarán más de los resultados del consumo de estudios universitarios.
Una ventaja adicional de este sistema sería que los alumnos tendrían menos incentivos a la utilización ineficiente del servicio, por ejemplo con matrículas sucesivas en la misma asignatura. Es cierto que desde hace unos años ya se está trabajando en la línea de aumentar el sobrecoste que tienen la segunda y sucesivas matrículas en una misma asignatura, pero parece que el abandono y el desinterés del alumnado siguen siendo importantes y, aunque una parte de ese comportamiento ineficiente pueda achacarse a la calidad del sistema, otra parte podría tener que ver con los bajos precios del servicio.
En cualquier caso, si se transforma el sistema de financiación de la universidad en la línea de aumentar los precios de matrícula, el objetivo no sería, desde mi punto de vista, ahorrar gasto público, sino transformarlo. De un sistema de subvenciones a la institución, podría pasarse a un sistema de subvenciones a las familias que, debido a su escaso nivel de renta, no dispusiesen de ingresos suficientes, no sólo para pagar el coste de la matrícula, sino también para asumir el coste de oportunidad del salario que sus hijos dejarán de percibir por no incorporarse al mercado de trabajo. De un sistema basado en becas de matrícula, se podría pasar a un sistema de becas de manutención que, aunque podría mantener un mínimo vínculo con el rendimiento, se basase fundamentalmente en la renta de los hogares, garantizando que aquellos alumnos que se ven obligados a desplazar su lugar de residencia, cuenten con ingresos suficientes no sólo para estudiar, sino también para sufragar los gastos del desplazamiento. En otras palabras, pasar de un sistema erróneamente basado en la equidad categórica, a un sistema basado en la igualdad de oportunidades.
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