Empleados públicos: ¿criminales o trabajadores?

Lees el periódico, ves los telediarios, escuchas la radio, y el mensaje es siempre el mismo. Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Y, al parecer, una parte de la responsabilidad la tienen (tenemos) los empleados públicos. Gracias a la seguridad que tienen en el empleo, no se afanan lo suficiente en el trabajo, piden bajas injustificadas, atienden mal a los ciudadanos y, en definitiva, no cumplen con sus obligaciones, lo que provoca que el gasto público sea insostenible. Sin lugar a dudas, trabajarían con más empeño y ahínco si sus condiciones de trabajo fueran más precarias. Y, por supuesto, cuanto más les recordemos su comportamiento parasitario, mejor será el resultado. ¿Seguro?

Los que nos tomamos nuestro trabajo como empleados públicos mínimamente en serio (o eso creemos) estamos bastante de acuerdo con buscar fórmulas de gestión y contratación que estimulen una mayor productividad y, por lo tanto, una mayor calidad de los servicios públicos. Nuestro trabajo es atender a los ciudadanos lo mejor posible. Para eso nos pagan.

Sin embargo, la tendencia a criminalizar a los empleados públicos como colectivo no sólo es injusta, sino que además puede tener efectos muy dañinos en el futuro. Hacer gestos y declaraciones constantes acerca del escaso rendimiento de los funcionarios no me parece la mejor manera de estimularles a hacerlo mejor. En cualquier curso de formación para directivos que se precie, se enseña a los gestores de empresas privadas que es importante motivar a los trabajadores, implicarles en los resultados y reconocer públicamente los éxitos logrados. ¿Por qué este tipo de estrategias no se emplean nunca en la política de recursos  humanos del sector público? ¿Por qué con los funcionarios sólo sirve la estrategia del palo y nunca la de la zanahoria?

Todo por la (efi)ciencia

Desde hace muchos años, escuchamos a muchos académicos y políticos pedir una disminución del grado de redistribución -o, lo que es lo mismo, del grado de solidaridad- que practica el sector público en nuestra economía. La principal razón que esgrimen para esto es, como sabéis, los problemas de (des)incentivos que la redistribución genera, provocando ineficiencias de distinta naturaleza. Así, por ejemplo, apuntan a que la prestación por desempleo reduce el esfuerzo con el que sus beneficiarios buscan un nuevo empleo. O que las pensiones no contributivas reducen el interés con el que algunos colectivos tratan de mantenerse en la población activa. Con el mismo tipo de argumentos, se han tomado medidas "de ajuste" en las últimas semanas, recortando la cobertura de nuestro sistema sanitario y educativo. Hoy me gustaría poner en duda la eficacia y la justicia de las medidas que han reducido la protección sanitaria pública, que al parecer era insostenible para quienes nos gobiernan. Más concretamente, me gustaría cuestionar la decisión del Gobierno de retirar la cobertura sanitaria a aquellas personas extranjeras que no cuenten con un permiso de residencia.

Empecemos. Si hablamos de (des)incentivos, quisiera saber cómo nuestro nuevo entramado normativo e institucional pretende cambiar el comportamiento de estos futuros ex-asegurados. No tendrán cobertura sanitaria porque no tienen permiso de residencia, lo que les hace estar fuera del sistema de Seguridad Social y de la tributación directa (que no de la indirecta). ¿Pero acaso pueden ellos elegir su condición de "sin papeles"? ¿Cómo van a optar a tener cobertura participando en la tributación directa si no les dejamos? Creo que, en este caso, los únicos que tienen problemas de incentivos son nuestros políticos, porque les sale gratis, electoralmente hablando, retirar la cobertura pública a colectivos que no participan en el proceso electoral.

Sigamos. Demos por buena, por un momento, la hipótesis de que nuestro sistema sanitario público es insostenible. Y, con ese argumento, nos vemos obligados a recortar el paquete de prestaciones básicas cubiertas. Si impedimos el acceso a la atención primaria y especializada (no de urgencia) a un grupo tan numeroso como los inmigrantes "ilegales" (¡Pero cómo es posible que una persona sea ilegal!), disminuirá la demanda sanitaria y ahorraremos. Permítanme que lo dude, señores gobernantes. Y mi duda se basa en varios argumentos.

Por un lado, las personas sin permiso de residencia son un colectivo que, en media, está bastante menos envejecido que la población española. Eso hace que su consumo de servicios sanitarios sea bastante menor (salvo por lo que se refiere a la maternidad, pero al menos la cordura de algunos ha decidido mantener "esa" cobertura, así que por ahí no ahorraremos) y, por lo tanto, que el ahorro de gasto pueda ser menor al esperado.

Por otro, esas mismas personas, cuando dejen de tener atención primaria, se verán en la necesidad de 1) autodiagnosticarse y automedicarse, 2) no tratar su patología en absoluto, 3) acudir a los servicios de urgencia directamente, saturándolos aún más (más gasto). Cuando opten por la primera alternativa, la utilización inadecuada de determinados medicamentos, como antibióticos, puede derivar en el medio y largo plazo en un problema de salud pública (y más gasto). Si, además, su autodiagnóstico es inadecuado o, sencillamente, no tienen acceso a los tratamientos necesarios para tratar su enfermedad (opción 2), su estado de salud podría agravarse y derivar en una patología que requiera tratamiento hospitalario, más caro que la atención primaria que se les niega.

El asunto puede ser especialmente serio cuando se trate de enfermedades infecciosas. Supongamos por un momento que no nos importa en absoluto la salud de estas personas sin permiso de residencia (que ya es mucho suponer, por otra parte). No nos olvidemos que paseamos por las mismas calles, van en el metro con nosotros, nos sirven los cafés, limpian nuestras casa, cuidan a nuestras familias y sus hijos van a la escuela con los nuestros. ¿Alguien del Ministerio de sanidad ha pensado que lo que les pase a "ellos" no nos afectará a "nosotros"? Aunque muchas veces fingimos hacerlo, no vivimos en realidades estancas. Si a ellos les va mal, a nosotros también.

Termino. Olvidémonos de la (efi)ciencia económica por un momento y quedémonos con la ciencia a secas. Hablamos de salvar vidas, señores y todos los esfuerzos son pocos para permitirnos vivir más y mejor. A todos.

#PapelesParaTodos

No silbes, que es de hombres

Si alguna vez te han dicho que no silbes, porque no es propio de tu condición; si alguna vez has sentido que no puedes decir lo que piensas tan alto como otros porque parece que estás intentando invadir un territorio que no te pertenece; si te han mirado con desprecio o gritado desproporcionadamente después de cometer un fallo mientras conduces; si cuando coges el teléfono de un compañero tuyo, la persona que está al otro lado de la línea asume que eres su secretaria; si ves que algunos de los que te rodean piensan que estás demasiado impaciente por tu promoción profesional; si un camarero, después de decir que no admiten tarjetas, le dice a uno de tus comensales que podría pagar dejándote a ti a fregar; si ninguno de los comensales se siente ofendido por ese comentario; si alguna vez has simulado no tener ni idea de un tema porque parecería que quieres ser “del otro bando”; si sientes que tienes que aceptar ciertos cánones estéticos para ser aceptada en la tribu; si ves cómo a algunas personas de tu misma condición no se les aplican los mismos raseros que a otras a la hora de juzgar sus decisiones vitales….PUES MUJER TENÍAS QUE SER.

Hoy, 8 de marzo, se celebra el día de la mujer trabajadora. Son muchas las personas que consideran que la lucha por la igualdad de las mujeres es un arma de doble filo porque, detrás de ella, se esconde una petición que pretende resolver una injusticia con otra injusticia. Desde mi punto de vista, nada más lejos de la realidad.

Las discriminaciones han sido una constante en la historia de la humanidad. Sin embargo, probablemente ninguna haya sido tan constante como la sufrida por la población femenina. Para muchos, los avances de las últimas décadas en materia de igualdad son lo suficientemente importantes como para asumir que, de forma natural, la sociedad experimentará los cambios necesarios para terminar con esa discriminación. Y son ellos los que critican –por innecesarias, por injustas, o por ineficientes- las políticas públicas destinadas a mejorar la situación social y laboral de las mujeres. Sin embargo, la historia también está llena de casos de discriminaciones que sólo terminaron –o, mejor dicho, empezaron a terminar- por la aplicación de normas que, de una manera o de otra, forzaban a la sociedad a cambiar las reglas del juego: la esclavitud y la segregación racial son magníficos ejemplos de esto.

Esta es una reivindicación de la necesidad de aplicar políticas públicas que fomenten, desde la infancia a través del sistema educativo, y después en el mercado de trabajo, comportamientos que coloquen a la mujer en la misma posición de salida. Sólo cuando los empleadores dejen de preferir contratar a un hombre para la mayor parte de los trabajos (especialmente los mejor remunerados) porque asumen que las cargas familiares recaen mayoritariamente en la población femenina, sólo cuando se deje de decir que los jefes que son mujeres son los (las) peores, sólo cuando se deje de juzgar negativamente a una vicepresidenta del gobierno que asume su cargo unos días después de haber dado a luz (cuando son legión el número de hombres que hacen eso cada día), sólo cuando algunos hombres dejen de pensar que sus parejas son de su propiedad, sólo cuando podamos silbar por la calle sin que parezca que estamos invadiendo territorio ajeno, pensaré que son innecesarias las políticas de lucha contra la discriminación de la mujer.

Por cierto, que a aquellos que piensan que las políticas de discriminación positiva son ineficientes e injustas porque impiden que sólo se promocione a los mejores, les sugiero que vayan al siguiente enlace y lean:

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/02/03/actualidad/1328299261_820254.html

DESCENTRALIZACIÓN FISCAL: QUEREMOS DIVERSIDAD, ¿PERO CUÁNTA?

Hace unos días leí en la prensa el siguiente titular: “El impuesto de donaciones registra los mayores agravios fiscales”. La noticia, que no pasaba de cuatro líneas, explicaba que el mismo hecho imponible –donar la vivienda a un hijo- puede implicar una diferencia en la cuota a pagar por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones de aproximadamente 27.000 Euros, según se resida en una Comunidad Autónoma o en otra. ¿Esto es bueno o es malo? Según el titular, que utiliza la expresión “agravios fiscales”, parece que es malo. Pero yo no lo tengo tan claro.
La decisión de descentralizar los servicios públicos y, con ello, los impuestos, se debe a razones de distinta naturaleza. En muchos casos, el traspaso de poderes “hacia abajo” quiere atender a las especiales sensibilidades políticas y culturales de algunos territorios. Es decir, que la descentralización, en lugar de debilitarla, se utiliza como instrumento para fortalecer la cohesión. En otros, se quiere acercar la gestión de los servicios públicos a los usuarios, con la idea de que esa cercanía facilitará una mejor rendición de cuentas que además, en algunos países, puede servir para consolidar fenómenos de democratización. Finalmente, se argumenta que un suministro descentralizado permite una gestión mejor de los servicios públicos, en la medida en que los gobiernos locales y regionales, debido a esa mayor cercanía, conocen mejor las particulares necesidades (y preferencias) de sus ciudadanos.
Ahora bien, para que efectivamente el suministro de servicios se adapte mejor a esas necesidades y preferencias diferentes, es necesario que se acepte que exista diversidad en la cantidad (y calidad) de los servicios públicos prestados en los distintos territorios. De lo contrario, la razón de ser de la descentralización no se vería atendida. Y si aceptamos que haya (algo de) diversidad en la prestación de los servicios públicos, entonces tenemos que aceptar que haya (algo de) diversidad en los impuestos que pagamos para financiarlos. Lo contrario sería un sinsentido: aquellos territorios que quieran tener más servicios, deberán soportar una mayor (o diferente) carga tributaria.
La aparición frecuente de este tipo de titulares en los últimos años, junto a los buenos resultados electorales de un partido político (UPyD) cuyo eje central de actividad se basa en reivindicar la centralización de algunas políticas públicas, me hace preguntarme si las fuerzas centrífugas están empezando a convivir con unas fuerzas centrípetas que hasta hace poco estaban muy debilitadas. ¿Corren tiempos para la re-centralización? ¿O es que, sencillamente, nunca nos hemos creído del todo esto de la descentralización?

La financiación de la universidad

En Economía Pública utilizamos la expresión “equidad categórica” para referirnos a la decisión que ha tomado la sociedad acerca de la necesidad de que todos los ciudadanos puedan/deban consumir un nivel mínimo de determinados servicios. En esta línea, el sector público financia, en todos los países desarrollados, al menos una parte de la educación primaria y secundaria. Se considera que el consumo de estos servicios no sólo es útil para sus usuarios, sino que también reporta beneficios a la sociedad: estabilidad social y política, cohesión, mayor productividad, etc.
El objetivo de equidad basado en la “igualdad de oportunidades” tiene implicaciones distintas que la equidad categórica. La idea ya no es garantizar que todo el mundo consuma el servicio, sino garantizar la posibilidad de que todo aquel que lo desee, pueda hacerlo con independencia de su nivel de renta. La provisión pública de educación universitaria probablemente encaje mejor en este último concepto de equidad, porque los beneficios sociales de su consumo son proporcionalmente menores que en el caso de la educación primaria y secundaria, y esta circunstancia tiene a mi juicio implicaciones importantes para el diseño del sistema de financiación universitaria.
En las últimas décadas, las fuentes principales de financiación de la universidad pública española han sido las transferencias procedentes de las Comunidades Autónomas y/o del Ministerio de Educación y, en menor medida, las mal llamadas tasas universitarias, que encajan mejor en el concepto de precios públicos pagados por los alumnos matriculados. Estas tasas constituyen, de media, en torno a un 10% del coste del servicio consumido por el alumno, de tal modo que las familias asumen sólo una pequeña parte del mismo.
¿De dónde proceden los recursos de las transferencias que las Comunidades Autónomas destinan a las universidades? Naturalmente, de los impuestos pagados por el conjunto de los contribuyentes. En este contexto, si tenemos en cuenta que todos –tanto los de mayor como los de menor nivel de renta- participan en la financiación de la universidad y que, por el contrario, son mayoritariamente los miembros de familias de renta media y media-alta los que más utilizan el servicio (terminar una carrera universitaria es aproximadamente seis veces más probable si tu padre tiene estudios superiores que si sólo tiene estudios primarios), se echa de menos en el debate público alguna referencia a la posibilidad de modificar el sistema de financiación universitaria.
Con usuarios de renta media o media-alta y contribuyentes de cualquier nivel de renta, lo más probable es que la financiación de la universidad española tenga efectos regresivos. Teniendo en cuenta que, además, los usuarios de hoy tendrán mayores sueldos mañana, es altamente posible que se esté provocando una redistribución de los recursos favorable a los hogares de mayor renta. En este sentido, me parece que al menos debería discutirse la idea de que los usuarios asumieran un porcentaje mayor del coste del servicio, puesto que serán precisamente ellos los que se beneficiarán más de los resultados del consumo de estudios universitarios.
Una ventaja adicional de este sistema sería que los alumnos tendrían menos incentivos a la utilización ineficiente del servicio, por ejemplo con matrículas sucesivas en la misma asignatura. Es cierto que desde hace unos años ya se está trabajando en la línea de aumentar el sobrecoste que tienen la segunda y sucesivas matrículas en una misma asignatura, pero parece que el abandono y el desinterés del alumnado siguen siendo importantes y, aunque una parte de ese comportamiento ineficiente pueda achacarse a la calidad del sistema, otra parte podría tener que ver con los bajos precios del servicio.
En cualquier caso, si se transforma el sistema de financiación de la universidad en la línea de aumentar los precios de matrícula, el objetivo no sería, desde mi punto de vista, ahorrar gasto público, sino transformarlo. De un sistema de subvenciones a la institución, podría pasarse a un sistema de subvenciones a las familias que, debido a su escaso nivel de renta, no dispusiesen de ingresos suficientes, no sólo para pagar el coste de la matrícula, sino también para asumir el coste de oportunidad del salario que sus hijos dejarán de percibir por no incorporarse al mercado de trabajo. De un sistema basado en becas de matrícula, se podría pasar a un sistema de becas de manutención que, aunque podría mantener un mínimo vínculo con el rendimiento, se basase fundamentalmente en la renta de los hogares, garantizando que aquellos alumnos que se ven obligados a desplazar su lugar de residencia, cuenten con ingresos suficientes no sólo para estudiar, sino también para sufragar los gastos del desplazamiento. En otras palabras, pasar de un sistema erróneamente basado en la equidad categórica, a un sistema basado en la igualdad de oportunidades.
Espero vuestras opiniones, sugerencias y críticas

La financiación autonómica y las balanzas fiscales. Churras y merinas.

La churra es una oveja especializada en la producción de leche, mientras que la merina es más apreciada por la lana que tiene. Igual, vistas todas juntas en redil, y de lejos, no hay manera de distinguirlas, pero son bien distintas y, sobre todo, nos sirven para cosas diferentes. Con la financiación autonómica y las balanzas fiscales ocurre lo mismo. Vistas así, de lejos, nos podría parecer que son lo mismo. Pero no lo son.

El sistema de financiación autonómica regula con qué fuentes de ingresos sufragan sus gastos los gobiernos de las Comunidades Autónomas. De manera muy resumida, el asunto funciona así: la Administración Central traspasa la gestión de un servicio público a una Comunidad concreta y, en una comisión bilateral en la que hay representación de ambas partes, se acuerda cuánto cuesta mantener el servicio. A continuación, el gobierno central traspasa a esa Comunidad algunos impuestos para financiar ese servicio y todos los que ya ha traspasado con anterioridad. Con el sistema actual, las Comunidades se nutren principalmente del 50% del Impuesto sobre la Renta, el 50% del IVA y el 58% de los Impuestos Especiales (hidrocarburos, tabaco y alcohol). Puesto que en la mayor parte de los casos esos impuestos son insuficientes para financiar los gastos traspasados, la Administración Central cierra la brecha existente con una transferencia. En resumidas cuentas, cuando se habla de financiación autonómica, se está haciendo referencia a cuántos recursos nutren los presupuestos de las Comunidades y de qué fuentes proceden.

Las balanzas fiscales, por su parte, son una herramienta contable que calcula el saldo de la actividad financiera del sector público en un territorio determinado. Pero cuando se habla de balanzas fiscales en los medios de comunicación españoles, se está haciendo alusión a un caso concreto de éstas: se mide la diferencia entre los ingresos generados y los gastos realizados por la Administración Central en un territorio concreto o, dicho de otro modo, la diferencia entre los impuestos pagados (al Estado) y los beneficios recibidos (del Estado) por los ciudadanos de esa región. Cuando una Comunidad paga una cantidad de impuestos que supera a los beneficios que recibe de los servicios públicos, se dice que tiene déficit fiscal. Si, por el contrario, los servicios percibidos superan a los impuestos soportados, se dice que tiene superávit fiscal. ¿Por qué existen esos déficit y superávit? Existen dos razones fundamentales.

La primera, porque el Estado puede, discrecionalmente, destinar un volumen de gasto mayor a un territorio determinado, por razones de necesidad o para recabar votos. Por ejemplo, la creación de infraestructuras afecta claramente al mapa de balanzas fiscales regionales, especialmente si sólo se estudia un año determinado: mientras se esté acometiendo una inversión (una carretera) en un territorio concreto, las balanzas mostrarán un trato más benigno por parte del Estado; sin embargo, una vez finalizada la inversión, podría parecer como si el Estado nunca hubiese invertido allí (aunque persiste la corriente de servicios generada por la infraestructura).

La segunda razón, mucho más importante desde el punto de vista cuantitativo, tiene que ver con la existencia de herramientas redistributivas dentro de los Presupuestos Generales del Estado. Empecemos por el lado de los ingresos. Uno de los principales impuestos de nuestro sistema tributario, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, es de carácter progresivo. Esto significa que contribuyen proporcionalmente más aquellos que más renta tienen. Cuando una Comunidad tiene más residentes de renta alta, la carga que soporta el conjunto de su población es proporcionalmente mayor porque se les aplican tipos más altos. Pero eso no significa que sus ciudadanos realizan un esfuerzo fiscal mayor, porque el impuesto que se les aplica es el mismo que a los residentes en otras Comunidades.

Por el lado de los gastos, una de las prestaciones públicas que tiene mayor impacto redistributivo son las pensiones. Aquellos territorios donde haya un porcentaje mayor de pensionistas percibirán, en media, un mayor beneficio de la Seguridad Social. Pero sólo porque tienen más residentes beneficiarios, no porque sus pensiones sean más altas que en otras regiones.

La combinación de ambos instrumentos hace que las Comunidades más ricas, en las que además el envejecimiento de la población suele ser menor, contribuyan proporcionalmente más a sostener el presupuesto de la Administración Central y perciban un flujo de beneficios menor. Dicho de otro modo, la actual estructura de ingresos y gastos públicos implica, inevitablemente, la existencia de un déficit fiscal en los territorios donde viven más ricos. Al mismo tiempo, en las Comunidades con menor nivel de actividad económica, que además suelen estar más envejecidas, se genera una menor recaudación fiscal, al tiempo que reciben proporcionalmente más beneficios, es decir, tienen superávit fiscal.

Algunos apuntan a que las transferencias que el Estado paga a las Comunidades Autónomas, por su estructura y criterios de distribución, contribuyen a aumentar el déficit fiscal de algunos territorios. Sin embargo, es fácil desmontar este argumento: esas transferencias supusieron algo menos del cuatro por ciento del presupuesto total consolidado de la Administración Central en el año 2009, de manera que parece poco probable que fueran las principales responsables de la cuantía de los déficit fiscales de algunas Comunidades.

Si los resultados del sistema de financiación no se consideran justos, porque su diseño es excesivamente (o demasiado poco) redistributivo, adelante con la (enésima) reforma. Pero por mucho que modifiquemos la estructura de las transferencias, con su actual cuantía, no cambiaremos de manera significativa los flujos financieros generados por el Estado.

Al criticar los resultados de las balanzas fiscales, lo que se está poniendo en cuestión es la estructura del Estado de Bienestar y las políticas redistributivas que éste implica. Es posible buscar un modelo de convivencia en el que la redistribución interpersonal sea menor, es decir, que sea menos solidario. Y eso, sin duda, reducirá los desequilibrios en las balanzas fiscales. Pero esa es otra cuestión, y ya la discutiremos otro día…

La reforma educativa

Leo en la prensa el proyecto de reforma educativa del Gobierno. Por más que le doy vueltas, no acabo de entender la utilidad de robarle un año a la ESO para dárselo al Bachillerato y la Formación Profesional. Busco las ventajas, pero sólo vienen a mi mente problemas organizativos y conceptuales: por ejemplo, ¿dónde se escolarizará a los estudiantes del nuevo primer curso de FP? Si tienen que cambiar de centro, habrá que reubicar profesores, medios físicos, aulas, etc; o, más allá, ¿qué sentido tiene obligar a alguien a iniciar un ciclo educativo cuando ya ha decidido que no lo va a terminar? Encuentro mucho más coherente y más sensato que la enseñanza obligatoria sea igual -o casi- para todos, y que sea en los tramos voluntarios en los que los alumnos decidan si se especializan en ésto, en aquéllo o en nada.
Otro de los platos fuertes de la propuesta es la sustitución de la asignatura "Educación para la ciudadanía" por otra denominada "Educación cívica y constitucional". Si hace 6 años se hubiera planteado crear ésta última, yo la habría comprado sin dudarlo, porque dicho así, suena muy bien que todos los alumnos reciban formación acerca de los principios básicos de convivencia (éticos y políticos) de nuestra sociedad. El problema es que la nueva asignatura se quiere utilizar para suprimir" el adoctrinamiento" acerca de las relaciones interpersonales: entre líneas, para que no se imparta educación sexual y no se hable de formas de convivencia distintas a las tradicionales dentro de las aulas. Eso sí, nada de quitar las clases de religión de la enseñanza obligatoria, porque siempre que adoctrinemos en la única religión verdadera, no hay ningún problema.
Más madera: el ministro de educación ha dicho que el tramo de 0 a 3 años no es educación, sino conciliación (sic). Todos sabemos ya que no hay dinero para nada, así que nadie esperaría que el sistema educativo público fuese a aumentar su cobertura hacia abajo precisamente en este momento (aunque me jugaría la primavera a que la ampliación del bachillerato servirá para ampliar el sistema de concierto a la enseñanza secundaria no obligatoria). Sin embargo, escuchar al ministro de educación decir que hasta los 3 años no se educa resulta desolador. Alguien debería susurrarle al oído que los estudiosos en la materia han encontrado más que evidencia empírica demostrando que los alumnos escolarizados "prematuramente" (antes de los 3 años) presentan mejores resultados académicos que los que no lo son. Además, presentan mejores trayectorias laborales. Al margen de eso, no nos olvidemos que es en los primeros años cuando las personas aprenden las herramientas más importantes que utilizarán en su vida: las relativas a la comunicación, las relaciones interpersonales y la convivencia.
Pero más allá de las características particulares de la reforma que se propone, lo que me parece que de verdad necesita el sistema educativo español es una no-reforma prolongada. Ningún gobierno de la democracia ha tenido la paciencia necesaria para dejar rodar las reformas aprobadas, impidiendo evaluar adecuadamente sus resultados. Todos los ministros de educación han tenido su propia ley de educación, dando palos de ciego en un instrumento que es clave para la convivencia y para el crecimiento económico. No hay consenso acerca de cuáles son los problemas de nuestro sistema educativo: falta/exceso de recursos, problemas de incentivos, burocratización, etc. Pero el consenso sí que parece existir, al menos entre los docentes, en torno a una idea: reforma tras reforma (hasta la derrota final) no estamos consiguiendo mejores resultados.